Cirujanos estéticos Vs. criminales con delantal blanco

4 de Mayo del 2016
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Por: Redacción Vida y Salud. En menos de un mes fallecieron en Medellín dos jóvenes, resultado de cirugías plásticas: Ximena López Cuervo, una estudiante de solo 21 años de edad, el miércoles 23 de marzo, y Sandra Marcela Pérez Hernández, de 27 años, empleada de una firma multinacional, el 19 de abril. Con ellas, son cinco las mujeres muertas por esta causa en lo que va del año en la ciudad. Los casos parecen calcados: mujeres jóvenes decidieron modificar sus cuerpos mediante cirugías estéticas; se sometieron a intervenciones, la primera en un centro comercial de El Poblado y la segunda en un establecimiento de Laureles; en el caso de Ximena le inyectaron unos 800 centímetros de supuestos biopolímeros; ya en su domicilio, Ximena se sintió mal y llamó a su “cirujano” quien le recomendó un analgésico, un antibiótico y un inhalador, cuando era evidente que presentaba un edema pulmonar; ante la dificultad para respirar, fue a varios centros hospitalarios donde no le prestaron la debida atención; finalmente fue llevada al Hospital General de Medellín, donde no pudieron salvarle la vida. Marcela se sometió a cambio de prótesis en los senos, levantamiento de glúteos y abdominoplastia, se complicó durante la cirugía, fue trasladada al Hospital General y falleció. Juan David Londoño, director de calidad y red de servicios de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, informó que el establecimiento donde se intervino a Marcela funciona hace varios años y cuenta con habilitación; pero ha presentado varios problemas: el año pasado también murió un paciente allí; anteriormente se les cobró una multa onerosa por anormalidades en el servicio. ¿Quién es el responsable? El concejal y vicepresidente segundo del Concejo de Medellín Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, afirma que la responsabilidad es del Estado, por no ejercer su función de control, vigilancia y monitoreo sobre las entidades que ofrecen servicios estéticos en la ciudad. “El Estado le echa la culpa a los pacientes. Yo no comparto esa teoría. La gran responsabilidad es del Estado, cuando una peluquería se convierte, de la noche a la mañana, en centro de estética para procedimientos invasivos que la ley no permite, y cuando quienes los practican se hacen pasar como médicos, con una bata blanca, que no se diferencia en nada de la de un cocinero. El Estado no ha tomado conciencia de su inoperancia, desidia y negligencia en este asunto de salud”, denuncia el corporado. Por su parte, el Dr Londoño señala que desde el orden nacional el Congreso es el que legisla sobre las prácticas médicas. El encargado de regular es el Ministerio de Salud, mediante decretos y resoluciones. Las secretarías de salud municipales y departamentales hacen cumplir esas normas, a partir de acciones de inspección, vigilancia y control. Los prestadores deben cumplir con la norma 2003 de 1994 en varios conceptos: infraestructura, dotación, protocolos, recurso humano y medicamentos. Sin embargo, advierte que este control y monitoreo se realiza sobre los prestadores habilitados o registrados, pero que no lo pueden hacer sobre establecimientos que ellos no saben que existen. Por tanto, la denuncia es vital. “Yo no puedo vigilar a quien no conozco, a quien no se ha habilitado ante mí. Yo tomo las conductas pertinentes cuando a mí me dan a conocer dónde están esas personas. La responsabilidad es de todos. Cualquiera que se vaya a hacer un procedimiento quirúrgico, el que sea, que vaya a la oficina 807 de la Gobernación y pregunte, allá se le da toda la información y, si es del caso, le decimos “allá no, mire que no cuenta con todos los registros, mire que tiene este problema”. La información es pública. Pero si la gente no se acerca a preguntarnos, es imposible protegerla”, afirma en tono enfático el funcionario, quien declara que existen unos nueve mil prestadores de servicios de salud en el departamento, los que deben ser visitados cada uno o dos años y que en instituciones grandes la visita de inspección puede durar 20 días o un mes, por lo que es imposible verificar si todos los establecimientos están habilitados. Cuando se recibe una denuncia sobre un sitio clandestino, se inicia un proceso sancionatorio en lo penal y administrativo en contra de los propietarios. Si profesionales de cualquier área de la salud prestan un servicio no habilitado son remitidos a los respectivos comités de ética para que se les realice un proceso, que puede conducir a la pérdida de su tarjeta profesional y del registro que los acredita como profesionales de la salud. No obstante, Bernardo Alejandro enfatiza en que lleva 10 años pidiendo acompañamiento de la Fiscalía para los delitos de lesiones causadas por falsos cirujanos plásticos y que la respuesta ha sido que no hay recursos, mientras se destinan miles de millones de pesos para asuntos que no son prioritarios. Las apariencias engañan El Dr. Guerra Hoyos destaca que los pacientes son fácilmente engañados por la apariencia de los lugares donde funcionan los centros estéticos o clínicas de garaje. Estos establecimientos clandestinos no se instalan en los barrios populares, ni en las laderas de Medellín, sino en sectores exclusivos: “Una niña murió en la Milla de Oro. Ubiquémonos dónde estamos: en la Milla de Oro, el sitio más caché y más importante de la ciudad. La dueña ubica una peluquería donde hace tres años está inyectando biopolímeros o aceite, porque el que inyecta es el hijo, que es chef”, relata. Una persona que llega de un municipio a la ciudad de Medellín, a un establecimiento ubicado en la avenida El Poblado, al frente del Centro Comercial Oviedo, considera que en ese sitio las autoridades tienen el control y que todo es legal. A la fachada hay que añadirle la falsificación de títulos, la publicidad engañosa, y las redes de corrupción construidas con las jugosas rentas de esta actividad ilícita, a la que el concejal no duda en calificar como una “bacrim de batas blancas”: “porque tan criminal es el que engaña a la paciente y la capta ilegalmente, como quienes participan de la operación: el cirujano, el anestesiólogo, el instrumentador quirúrgico, la auxiliar de enfermería, el dueño del quirófano, etc.”. Modus operandi La mayoría de estos negocios se ubican en: La Candelaria, Laureles, Estadio, Belén, El Poblado, Aguacatala o Patiobonito. Funcionan en casas que, de un momento a otro, transforman toda su arquitectura. Juan David Londoño destaca que quienes están incursos en estas prácticas ilegales son unos bandidos; si les cierran en una parte van y abren en otra. Además, si se ubican en un domicilio privado se requiere la solicitud de un fiscal a un juez para que expida una orden de allanamiento. Son entidades que fácilmente cambian de nombre o de marca ante las denuncias de los pacientes. El Dr. Guerra Hoyos tiene identificados varios casos, como el de Quiroestetic, donde murió una puertorriqueña hace año y medio, que cambió a Quiruestetic; la clínica Palmares, por el sector de Álamos, que hasta hace cuatro meses se llamaba así y ahora es clínica Álamos u otra que anteriormente se llamaba Conestética ahora se llama clínica Alameda, en el barrio homónimo. Usan estrategias de mercadeo muy fuertes. Una de ellas es la de los referidos o remitidos: usted lleva a otras personas y a cambio le hacen un retoque o gana puntos para una rebaja en el costo de su intervención. Así se genera una cadena de mercadeo por la cual captan a las personas. Otra forma es la captación de clientes en el exterior. “Yo estuve en Washington, a comienzos de año, llevando historias clínicas de pacientes americanas que tuvieron graves complicaciones, algunas de ellas con tres y cuatro meses en cuidados intensivos aquí en la ciudad de Medellín, después de procedimientos en esas clínicas de garaje”, asegura Bernardo Alejandro. Para que a los pacientes les salga más barato, los inescrupulosos arman “paquetes”: traen a tres o cuatro personas y las alojan en un apartamento; de allí las llevan a los quirófanos y tres o cuatro días después de las cirugías las personas se devuelven a su país de origen. Los falsos cirujanos pueden citar a sus pacientes a las tres de la mañana para realizarles el procedimiento. El concejal Guerra Hoyos aclara que a esa hora se practica una intervención por apendicitis o por una lesión por violencia o accidente, algo urgente, pero no una cirugía electiva, como es una de carácter estético. Tienen un campanero o un santo y seña para reaccionar ante operativos de las autoridades y sacar equipos de anestesia, camillas y otro tipo de elementos para la práctica ilegal, o cuentan con caletas donde esconden estos implementos. Inclusive realizan procedimientos bajo anestesia local, en tres o cuatro sesiones en una semana; la paciente va a una casa o apartamento donde le realizan una liposucción por etapas, con anestesia local. Afectaciones y procedimientos legales “Por mi oficina han pasado más de 300 víctimas para hacer denuncias. Es un problema de salud grave”, advierte el señor Guerra Hoyos. Sin embargo, por tratarse de una actividad clandestina, el subregistro es evidente. Además de la afectación a personas, el edil destaca el daño que la práctica ilegal de cirugías estéticas le causa a la reputación del gremio y a la imagen de la ciudad. El turismo de salud o la oferta de medicina estética, bien manejada, puede ser una fuente importante de ingresos, pero que con lo viene ocurriendo se está estropeando un renglón importante para la generación de empleo. Desde el punto de vista legal, el concejal reitera que no se le puede pedir a la paciente que verifique si el registro es verídico; tienen que ser las autoridades las que realicen operativos permanentes o cotidianos, como los que se hacen para la detección de conductores embriagados o los retenes de seguridad. Por su parte, el funcionario de la Seccional de Salud informa que se están haciendo operativos conjuntos porque, dado lo complejo del asunto, varias entidades tienen competencia, incluidas la Policía Aduanera o la Inspección, para que las medidas tengan el alcance necesario. Los operativos se empezaron a realizar en las zonas donde más proliferan centros de estética (Laureles, El Poblado y La Candelaria) “Hicimos un operativo en el que visitamos nueve prestadores; de ellos solo uno contaba con todos los requisitos. A los otros se les abrió un proceso administrativo sancionatorio, que puede ir desde una amonestación hasta el cierre definitivo. Se cerraron tres salas de procedimientos estéticos y tres servicios de medicina general que no contaban con el debido soporte de habilitación. Policía Aduanera decomisó cinco equipos que no contaban con el manifiesto de importación. Secretaría de Salud de Medellín decomisó un equipo de ultracavitación que usaba una cosmetóloga y eso es de medicina estética o de cirugía plástica. La Policía Judicial decomisó casi un furgón lleno de medicamentos en una bodega del Centro. Se cerró una toma de muestras, donde sacaban plasma, es decir, sangran a la gente y sacan plasma para luego inyectarlo para las arrugas y otras cosas”, relata el Dr. Juan David Londoño. A pesar de las afecciones generadas, muchos casos no llegan a la denuncia penal. Ante los reclamos por inconformidades, generalmente, el falso cirujano prefiere conciliar y dar dinero para que el afectado no continúe con la demanda. Pero hay pacientes que han llevado los casos hasta las últimas consecuencias y han tramitado demandas importantes a clínicas de garaje y a profesionales. Ya por lo menos la Fiscalía tiene noticias criminales. El otro escenario son los tribunales estadounidenses, donde se adelantan procesos contra autores de procedimientos en ciudadanos extranjeros. El concejal Bernardo Alejandro destaca un caso que ya lleva cinco años, en contra de Carlos Ramos Corena. Este médico, que no es cirujano plástico, acostumbraba a captar pacientes de forma ilegal en La Florida y en Puerto Rico. Una de ellas, una odontóloga, murió en el consultorio del médico. Se le exigió una fianza de 500 mil dólares por las cinco imputaciones que tiene. Formación e información El Director de Calidad y Red de Servicios hace notar la diferencia entre procedimiento cosmetológico y quirúrgico. Los primeros no son invasivos, es decir, no deben traspasar la piel y los establecimientos que los practican son regulados por las secretarías de salud municipales. Los segundos, inclusive la inyección de sustancias, deben ser realizados en instituciones autorizadas y por profesionales especializados. A pesar de que las personas constaten la legalidad e idoneidad del sitio y del personal que va practicar la intervención, el funcionario departamental advierte que toda cirugía implica riesgos, así sea realizada por el mejor profesional: “ha sucedido en instituciones muy prestantes, que cuentan con todo, pero la anestesia hizo el mecanismo adverso que ocurre en cada 10 mil casos. Por eso a la persona se le pide un consentimiento informado. Nosotros no solamente debemos ser policivos, sino ser conscientes de que lo mejor es la prevención”. Colofón Quien esté pensando en realizarse una cirugía estética debe tener en cuenta estas observaciones:

  • Un centro de estética no está habilitado para realizar procedimientos invasivos ni cirugías de ningún tipo; allí no pueden funcionar quirófanos.
  • La duda debe ser el mejor amigo al momento de decidirse por este tipo de intervenciones; no dejarse llevar por las apariencias, porque los falsos cirujanos tienen los mejores consultorios en los sitios exclusivos y en zonas hoteleras.
  • Verificar el registro del médico y la habilitación de la entidad. Para comprobar la idoneidad del médico, remitirse a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Capítulo Antioquia, cuyo correo es sccp.antioquia@cirugiaplastica.org.co o simplemente entrar a la página http://cirugiaplastica.org.co/ y en la pestaña “buscar cirujano” poner los datos del especialista para conocer si está inscrito.
  • Toda cirugía es susceptible de complicarse, pero cuando es realizada por profesionales del ramo y en instituciones que cuentan con todos los elementos requeridos se minimiza el riesgo.
  • Para saber si la entidad está habilitada, hay que dirigirse a la Oficina de Calidad y Red de Servicios de la Seccional de Salud Antioquia, en la oficina 807 del Centro Administrativo Departamental o llamar al 383 98 41.











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